El control de las condiciones de este parque se cubre por la empresa Veiasa, que depende del gobierno autónomo; pero aunque el servicio se realiza profesionalmente no es tan eficaz para que un vehículo se ponga a punto si tiene algún fallo, como si la revisión y reparación se hiciera en un mismo taller; y además el sistema de citas no es tan cómodo. La información societaria cuesta encontrarla, y sólo aparecen cinco páginas, muy insuficientes, pero sabemos que el pago por el servicio (fijado por el gobierno) es ligeramente superior a los costes, pues la sociedad tiene beneficios. La privatización de la ITV debería ser distributiva, dando opción a todos los talleres a prestar el servicio acreditándose, para lo que deberían contar con medios para ello, facilitando a los más modestos préstamos y subvenciones para equipamiento. El tema no ha de verse desde una perspectiva ideológica, pues hay servicios donde la privatización no es deseable, pero en este caso no se trata de beneficiar a grupos con capacidad económica, como ocurre en la historia de las privatizaciones. Es obvio que esto requiere un análisis en profundidad y sabemos que hay un informe elaborado al respecto, pero si se hace bien las ventajas de esta privatización superarían sin duda a los inconvenientes.