El magistrado también consideró ilegal la decisión de la administración porque estaba motivada por animosidad racial contra los venezolanos. Pese al fallo, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado octubre que la medida entrara en vigor mientras el caso presentado en California sigue su curso. “La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”, declaró la abogada. El panorama no es muy alentador para los venezolanos que encontraron en este beneficio un alivio. Sin embargo, activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, que ha impulsado la demanda, dijo que la fuerza de la comunidad mantiene las esperanzas de ganar.