Durante este periodo, el gobierno federal ejecutó aproximadamente 230,000 deportaciones dentro del territorio nacional y otras 270,000 en la zona fronteriza, de acuerdo con el reportaje. A estas cifras se suman cerca de 40,000 personas que se acogieron al programa de “autodeportación” mediante una aplicación móvil a cambio de una remuneración. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE comparten la responsabilidad de estas acciones. Aunque Seguridad Nacional cifra las deportaciones en más de 622,000, el análisis independiente ajusta las categorías según la fuente de arresto. Aproximadamente el 14% de los deportados eran personas que ya estaban en procedimientos migratorios antes del cambio de mando presidencial.