El gobierno de Trump eliminó el TPS para los venezolanos en 2025 bajo la premisa de que las condiciones en su país de origen habían mejorado. La medida afectó a cerca de 350,000 personas, quienes perdieron su permiso de trabajo y la protección frente a procesos de deportación. A pesar de la contundencia del fallo judicial, la resolución no generará cambios operativos de forma inmediata. Esto se debe a que, el pasado octubre, la Corte Suprema autorizó que la rescisión del programa entrara en vigor mientras los jueces analizan el fondo jurídico de la controversia. Los argumentos del Gobierno sostienen que el país ya no cumple con los requisitos de crisis que motivaron la designación original, mientras que el tribunal de apelaciones sostiene que el procedimiento de cancelación fue ejecutado fuera del marco legal permitido.