Y ordenaron una indemnización a España por la contaminación causada entre 2013 y 2018 por emisiones ilegales de CO2, además de una indemnización por daños y perjuicios posteriores. Y le prohibió recibir subvenciones públicas durante diez años, tras la evaluación de irregularidades realizada por la Fiscalía. En una sentencia fechada el pasado mes de noviembre, los magistrados también condenan a los cuatro -por un delito contra el medio ambiente-. Ante la sospecha de irregularidades en este proceso, la Guardia Civil y la Comunidad de Madrid llevaron a cabo una inspección en enero de 2019. Y calcularon la indemnización por daños y perjuicios en 152.645 € utilizando los valores del mercado de comercio de emisiones.