Según informa CCC en un comunicado, «el pliego no se limita a garantizar la atención en catalán, sino que impone al contratista la obligación de entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato en catalán y de utilizar dicha lengua en la prestación del servicio, configurando una exigencia general y exclusiva que desplaza en la práctica el uso del castellano —lengua también oficial— en el ámbito de ejecución contractual». Convivencia Cívica insiste en que «una cosa es garantizar la disponibilidad de atención en catalán y otra muy distinta imponer, por vía contractual, una exigencia exclusiva de uso del catalán para toda la documentación necesaria de cumplimiento y para el desarrollo del servicio». «Incide directamente en la concurrencia»La entidad destaca que este tipo de cláusulas «inciden directamente en la concurrencia, al introducir cargas organizativas y costes adicionales que condicionan la decisión de concurrir. «El plazo de presentación de ofertas se encuentra en curso, por lo que permitir que el procedimiento avance sin medida conservativa puede producir efectos irreversibles en la concurrencia y vaciar de contenido el control judicial posterior«, añade la entidad. No se discute respetar el catalán, sino imponerlo como obligación general en la documentación necesaria para cumplir el contrato y en la prestación del servicio.