Los legisladores acusan al gobierno federal de negarse a aplicar las leyes de derechos civiles para priorizar la agenda migratoria del presidente Donald Trump. La presión legislativa surge tras la negativa rotunda de la Fiscal General Adjunta, Harmeet Dhillon, de indagar el proceder del agente migratorio. — Senate Judiciary Democrats 🇺🇸 (@JudiciaryDems) January 28, 2026Renuncias, presión interna y cuestionamientos al DOJDe acuerdo con informes públicos citados en la carta, varios fiscales federales de carrera dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se ofrecieron a liderar la investigación del tiroteo contra Good. Lo que más indigna a los defensores de los derechos civiles es el giro que ha tomado la investigación oficial. “La aparente interferencia política en decisiones de investigación y procesamiento socava el estado de derecho”, escribieron, al tiempo que urgieron al DOJ a escuchar a los fiscales de carrera y abrir una investigación independiente.