La clave reside en el porcentaje de incremento de trabajadores que perciban sueldos por encima del **SMI de 1.221 euros brutos** mensuales propuesto para 2026. Reservada para aquellas entidades que aumenten su personal con salarios superiores al mínimo en un 15% o más. Aplicable si el incremento de la plantilla en estos rangos salariales se sitúa entre el 10% y el 15%. Esta distinción busca facilitar que el tejido productivo de menor tamaño no quede excluido de las ventajas fiscales por falta de capacidad de contratación masiva. Esto asegura que el alivio fiscal llegue prioritariamente a sectores donde los salarios son el motor principal de la actividad económica.