Este mecanismo, perfeccionado por el jurista jalisciense Manuel Otero, se introdujo a nivel federal en la primera Constitución liberal mexicana de 1857. Podemos entender que el juicio de amparo no se constituye como un elemento de confrontación entre el gobierno mexicano y los ciudadanos o viceversa. Con el transcurso del tiempo, el juicio de amparo se ha fortalecido a través de la ampliación de sus efectos. En efecto, el pasado lunes 15, el gobierno federal envió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo. Estas adiciones, por cierto, no tienden a ampliar los efectos del juicio de amparo a favor del pueblo.